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TEMA: Sentencia Interventor Diputacion de Albacete.

Sentencia Interventor Diputacion de Albacete. hace 4 años 4 meses #74

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Pablo Soto Mirones.
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Publicado: Mar Abr 20, 2010 6:59 pm Asunto: Sentencia Interventor Diputacion de Albacete.


Cita:
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2 ALBACETE
SENTENCIA: 10112/2010

Francisco Ponce R1trzo
Francisco Ponce Roa,
PROCURADORES
ALBACETE

Recurso de Apelación núm. 200/08
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°2 de Albacete)
SENTENCIA N° 112

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2fi Iltmos. Sres.:
Presidente:
D. Raquel Iranzo Prades
Magistrados:
D. Jaime Lozano Ibáñez
D. Miguel Ángel Pérez Yuste
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo
D. José M* A. Magán Perales

En Albacete, a dieciocho de marzo de dos mil diez.

VISTO por la Sección 23 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el recurso de apelación n° 200/2008 interpuesto por D. GABRIEL SANJUÁN ARMUÑA, quien ha actuado representado por la Procuradora de los Tribunales D. María de Los Llanos Ramírez Ludeña y defendido por la Letrado D. Ana Urrea Lara.

Ha sido objeto de apelación la Sentencia n° 90/08, de fecha 2 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado IP 88/07 seguido ante dicho Juzgado.

Han sido partes apeladas (y también apelantes):

-La EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, Administración Pública Local que ha estado representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Ponce Riaza y defendida por el Letrado de la Diputación D. Juan García Montero.

-LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, Administración pública autonómica que ha estado representada y defendida por sus propios Servicios Júrídicos.

Ha sido ponente de la presente sentencia, en nombre de Su Majestad el Rey, el Iltmo. Sr. D. JOSÉ Ma A. MAGÁN PERALES, Magistrado de lo contencioso- administrativo, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por parte del Juzgado de lo contencioso-administrativo se dictó en primera instancia la Sentencia reseñada en el encabezamiento "ut supra" con la siguiente parte dispositiva:-

"FALLO: Que DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Gabriel Sanjuán Armuil a, funcionario de administración Local con habilitación de carácter nacional de la Subescala de intervención de Tesorería, frente a la inactividad de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para atender a la solicitud presentada el 6 de noviembre de 2006 para que se procediese a su nombramiento provisional como Interventor, o subsidiariamente, Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, así como frente a la Resolución expresa de la Dirección General de Administración Local de 12 de abril de 2007 por la que se denegaba a D. Gabriel Sanjuán Armuña el nombramiento solicitado, y todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes informándoles que la presente resolución no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante este mismo Juzgado y a resolver por la Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes litigantes en primera instancia, la que fuera parte actora interpuso recurso de apelación dentro del plazo legalmente establecido, mediante escrito presentado en fecha 2 de julio de. 2008 en el cual, Iras realizar las alegaciones que estimó convenientes a su recurso, terminó suplicando se revocase la sentencia dictada, y "se reconozca el derecho de Don Gabriel Sanjuán Armuña a ser nombrado provisionalmente Interventor de fondos o, subsidiariamente, Tesorero de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y por la que se condene -a la-Dirección General de Administración-Local de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a proceder a su nombramiento como Interventor de fondos o, subsidiariamente, Tesorero de la Excelentísima. Diputación Provincial de Albacete, para' el pleno restablecimiento de su derecho, así como a la indemnización de daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia, con condena en costas a la parte apelada por la temeridad en que se ha incurrido de contrario".

Admitido a trámite el recurso de apelación por el Juzgado, se dio traslado a las Administraciones demandadas en primera instancia para que hiciesen alegaciones, trámite que cumplimentaron sucesivamente en legal forma:

Por parte de la Diputación Provincial de Albacete, mediante escrito presentado en fecha 25 de julio de 2008 en el cual formuló oposición y a la vez adhesión al recurso de apelación presentado y, tras realizar las alegaciones que entendió resultaban aplicables a su oposición, terminó suplicando a la Sala se dictase sentencia: "por la que se estime nuestra adhesión a la apelación y revoque la sentencia recurrida y:


a.- Declare la inadmisibilidad del recurso por falta de agotamiento de la vía administrativa previa.
b.- Subsidiariamente declare la nulidad de actuaciones y la retroacción del proceso hasta el momento posterior a dictarse la providencia de 18 de mayo de 2007.
c.- Subsidiariamente desestima íntegramente la demanda además de por los motivos expuestos en la sentencia recurrida, por los argumentos expuestos por nosotros en la alegación tercera.
d- Subsidiariamente confirme íntegramente la sentencia".
Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante escrito presentado en fecha 1 de septiembre de 2008 se formuló también oposición y a la vez adhesión al recurso de apelación presentado y, tras realizar las alegaciones que entendió resultaban aplicables a su oposición, terminó suplicando a la Sala se dictase sentencia: "inadmitiendo el recurso o en todo caso la desestimación del mismo, confirmando las resoluciones administrativas
".

Dado de nuevo traslado a la parte apelante por haber mediado adhesión parcial de las Administraciones, la misma contestó mediante escrito presentado el 23 de septiembre de • 2008 en el cual formuló oposición a las inadmisiones planteadas por las - -Administraciones Local y Autonómica; suplicando se dictase -sentencia en la- cual- -se -"desestime la adhesión formulada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete en cuanto a la inadmisibilidad del recurso o a la.nulidad de las actuaciones, con expresa condena en costas".

TERCERO.- Elevados los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, por Providencia de la Sala de- 8 de enero de 2009 se ordenó formar el correspondiente rollo de apelación; y quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual se señaló para el día 13 de enero de 2010.

Por providencia de la Sala de fecha 22 de febrero de 2010, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dio traslado a las partes para que alegasen sobre un posible motivo de impugnación del recurso; en concreto la posible ilegalidad de la RPT de la Diputación Provincial de Albacete para la ocupación de los puestos de trabajo de Interventor de Fondos, Tesorero y Secretario General, en concreto en las modificaciones de las normas de catalogación llevadas a cabo que constan publicadas en el BOP de la Provincia de Albacete de 4 de marzo de 2005 (Suplemento al n° 27), punto III y páginas 4 y 5, que las partes procedieron a contestar oportunamente:

-La Diputación Provincial de Albacete contestó mediante escrito presentado en fecha 5 de marzo de 2010, solicitando no haber lugar a la posible estimación del motivo expuesto por la Sala.
-por su parte el Sr. Sanjuán Annuña contestó mediante escrito presentado en fecha 10 de marzo de 2010 en el cual se formularon alegaciones solicitando en consecuencia la estimación del recurso de apelación presentado.

-Por último, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no contestó a la Providencia, pese a haber sido debidamente notificada.
Recibidos los escritos reseñados, la Sala volvió a valorar el asunto el 18 de marzo de 2010.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han tenido en cuenta todas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso de apelación la Sentencia n° 90/08, de fecha 2 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n° 2 de Álbacete, en e1"Procedimiento Abreviado n° 88/07 seguido ante dicho Juzgado, y en la cual se desestimaron las pretensiones del actor.

La actuación de la Administración impugnada fue inicialmente la inactividad de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (respecto de la petición dirigida por el actor a la misma en fecha 6 de noviembre de 2006). Con posterioridad el recurso contencioso fue ampliado en primera instancia a la Resolución expresa dictada el 12 de abril de 2007, denegatoria del nombramiento solicitado, por lo cual a esta Resolución expresa es a la que nos referiremos en el fallo de esta sentencia.

SEGUNDO.- Se plantean por las dos Administraciones públicas la inadmisibilidad del recurso. Alega la Diputación Provincial de Albacete falta de agotamiento de la vía administrativa previa. A esta cuestión ya se le dio expresa respuesta en la sentencia ahora apelada; de hecho ambas Administraciones ya alegaron exactamente lo mismo en el acto de la vista del procedimiento abreviado, sin que pueda servir el recurso de apelación para reiterar cuestiones ya expresamente resueltas en la sentencia y que no contienen realmente crítica alguna a la sentencia dictada. Procede por tanto, reiterar la acertada apreciación que realiza el juzgador "a quo" en el Fundamento Segundo:

"Por lo que respecta a la posible falta de agotamiento de la vía administrativa previa al no haber recurrido en alzada frente a la resolución expresa de 12 de abril de 2007 (...) cabe decir que por este Juzgado se dictó Resolución de 18 de mayo de 2007, tras haber dado traslado a los codemandados por la que se acordaba admitir la ampliación de la demanda interpuesta por el actor frente a la referida resolución, tal y como había solicitado el mismo por escrito presentado el 26 de abril de 2007, decisión -judicial-que no, ue_recurriday-que pasó-a ser firme: .Por esta circunstancia,-no-es posible-- - atender a la petición de inadmisibilidad planteada en el acto del juicio por los codemandados, máxime cuando por parte de la Junta de Comunidades, cuando al actor presentó su solicitud el .6 de noviembre de 2006 incumplió con su obligación de información al interesado el plazo de resolución de su solicitud y los efectos del silencio para el caso que o fuese resuelta en el plazo correspondiente, y entre los que se encontrarían precisamente la necesidad del previo recurso de alzada para poder-agotar la vía administrativa".

A ello cabe añadir otra observación: la Administración autonómica, con su tardanza en resolver de más de tres meses incumplió frontalmente la obligación de resolver que impone expresamente el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Como la Sala de lo Contencioso del TSJ de Castilla-La Mancha (aunque sección la) ya tuvo ocasión de señalar en Sentencia n° 506/2009, de 28 de noviembre de 2008 (recursos acumulados 528 y 689/05): "con esta resolución extemporánea la Administración incumple manifiestamente la obligación que le impone el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No estarnos ante una norma retórica cuyo incumplimiento pueda ser obviado por la simple voluntad de la Administración y en atención a fines espurios fuera del procedimiento administrativo". La Administración ha impuesto al actor caminar por las inseguras sendas del silencio administrativo negativo, que como es sabido, no es más que una ficción legal para posibilitar el acceso a la Jurisdicción Contenciosa. En el supuesto que nos ocupa ocurre que una vez iniciada y puesta en marcha la vía judicial (el recurso de interpone en fecha 25 de febrero de 2007) es cuando —casualmente- la Administración resuelve expresa pero extemporáneamente. El sistema de recursos administrativos previos al agotamiento de la vía administrativa (y especialmente el de alzada, cuya interposición es obligatoria) sigue siendo un privilegio concedido a la Administración. Lo que resulta inadmisible es que ésta pretenda ejercitarlo con fines distorsionadores una vez abierta la vía judicial, en la_ que el conocimiento del asunto ha sido encomendado- no ya al superior jerárquico de la Administración, sino al Poder Judicial, donde la Administración acude como demandada. No puede pretender la Administración imponer al procedimiento judicial las reglas de la vía administrativa previa cuando fue ella misma quien ha derivado y hecho venir con su silencio al administrado. Lo que pretende la-Administración es, pues el uso de una de sus potestades con fines distintos para los que la potestad le ha sido concedida. La cuestión fue resuelta de manera expresa por el Juzgado de lo contencioso, y debemos mantener dicho pronunciamiento.

Lo anterior supone la desestimación igualmente de la petición de nulidad de actuaciones alegada por la Diputación Provincial de Albacete.

TERCERO.- Entrando a conocer del fondo del asunto, la sentencia apelada es sencilla y parte de un planteamiento, en principio, coherente pero que la Sala no comparte. La cuestión jurídica que se discute en este procedimiento es la interpretación de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión puestos trabajo funcionarios con habilitación carácter nacional (precepto que tiene el carácter de básico), transcrito en la sentencia. Como ya se advierte en la misma, se aplica la redacción dada al mismo por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Hacemos constar expresamente que en la terminología respecto de los funcionarios con habilitación de carácter "nacional" ha pasado a denominarse habilitación de carácter "estatal" por disponerlo así la Disposición Adicional 2' del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 712007, de 12 de abril).

Pues bien, el artículo 30 del RD 1.732/1994 contempla dos supuestos:

1°) El primero, no aplicable al procedimiento aquí juzgado, es la existencia de puestos vacantes.

2°) El segundo, aplicable a este procedimiento, es el que se refiere a puestos reservados ocupados por nombramientos accidentales o interinos, y la pretensión del actor era precisamente ocupar uno de estos puestos. El párrafo 2° del artículo 30 del RD 1.732/1994 dice textualmente:
"El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva deberá efectuar nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos accidentales e interinos, cuando reciba la solicitud de tal nombramiento por parte de un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos para su desempeño. El nombramiento provisional implicará el cese automático de_ la persona- que- -venía ocupando dicho- puesto - por—nombramiento¬accidental o interino".

Estarnos ante la existencia de la previsión legal de unas vacantes para las cuales el legislador, establece unas previsiones legales de reserva,- lo que realmente Supone una excepción (querida por el legislador) al sistema normal de provisión de puestos de trabajo. La propia norma habilita a que temporalmente ello no pueda ser así, pero en el fondo lo que 'la norma quiere es que la plaza acabé siendo cubierta por quien lo desea siempre que reúna el requisito de la habilitación con carácter nacional.

En el caso que nos ocupa, el "órgano competente de la Comunidad Autónoma" al que se refiere la norma es la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es a quien corresponde (el artículo lo establece como deber) efectuar los nombramientos provisionales.

La tesis argumental de la sentencia apelada, resumida en el último párrafo del Fundamento Jurídico Quinto, es que no basta con ser funcionario de la Administración Local con habilitación nacional (como es el actor) sino que son necesarios otros requisitos que constan en la Relación de Puestos de Trabajo (en lo sucesivo, RPT) aportada por la Diputación de Albacete y cuyo cumplimiento el actor ni acreditaba cumplir, de ahí el fallo desestimatorio. Esta es la tesis que no es aceptada por la Sala, como se expondrá en el siguiente Fundamento.

CUARTO.- Los requisitos personales esgrimidos por la Diputación Provincial de Albacete y elevados al rango de norma reglamentaria por la misma Diputación Provincial carecen de justificación y resultan contrarios a la legalidad. Lo que la RPT de la Diputación Provincial de Albacete ha hecho es desautorizar y desnaturalizar la norma impuesta por el legislador. Hemos considerado en el mejor de los casos para la resolución de este recurso, la equiparación de la modificación llevada a cabo en RPT con una norma con rango reglamentario. Pues bien, una cosa son los méritos, que pueden ser valorables para ocupar una plaza determinada; y otra muy diferente los requisitos necesarios para ocupar ésa plaza. a la RPT de la Diputación Provincial de Albacete lo que se- ha hecho - ha sido convertir méritos en requisitos. Por ello, y siendo la Sala materialmente competente para declarar la ilegalidad de una norma reglamentaria (art. 27.2 LICA), resultará procedente no ya su mera inaplicación a la que alude el apelante en su recurso, -sino la declaración_expresa de su nulidad,_comaa continuación.se _expondrá._

La Diputación Provincial de Albacete aportó en el acto de la vista copia (incompleta, por cierto) del Boletín Oficial de la Provincia de fecha 4 de marzo de 2005, en la cual consta (apartado [II) una "modificación de -normas de catalogación". ,En concreto "Incluir en las normas de catalogación del personal funcionarial, dentro del apartado de funcionarios con habilitación de carácter nacional, lo siguiente:
«Los funcionarios que-opten a cubrir dichos puestos deberán reunir los siguientes requisitos:

Interventor de fondos

-Ser funcionario en la Administración Local, con Habilitación de carácter Nacional, Subescala de Interventor-tesorero, categoría superior.
-Tener una puntuación mínima de 13,5 puntos en el último baremo de méritos generales publicado en el BOE.
-Haber desempeñado el puesto de Interventor con Habilitación nacional, en un período de tiempo no inferior a cinco años, en Diputaciones Provinciales o en poblaciones superiores a 50.000 habitantes.
-Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Ciencias Económicas o Empresariales o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas o Licenciado en Economía». Los mismos requisitos se imponen para la plaza de Tesorero.


Estos requisitos han sido añadidos por la Diputación Provincial de Albacete, y el resultado de los mismos es una sensible dificultación y un filtro deliberado e ilegítimo para el acceso a puestos por parte de habilitados con carácter nacional_ Lo que el artículo 30 del RD 1.732/1994 regula es el derecho a ocupar determinados puestos por funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. El requisito para ocuparlos es el propio hecho de tener la habilitación. Puede ser legítimo pretender, como en el caso que nos ocupa, dotar a estos puestos de un perfil de conocimientos en materia de economía, pero ello se podría hacer perfectamente valorando esos méritos. Pero ello no autoriza a la Diputación Provincial de Albacete a hacer de lo que se pretende sean méritos unos requisitos, y por ello convertir estos requisitos en un filtro legal. El resultado, aplicado al caso que nos ocupa, es que se impidió al actor optar por dos plazas a las que tenía perfecto derecho por tener el título que-le habilitaba -a pretenderlas; que-no -es otro que-la habilitación-de -carácter-nacional-(hoy estatal). Es una norma con rango de ley (como veremos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local) la que establece los requisitos, sin que la Diputación Provincial de Albacete pueda añadir otros:

El resultado de admitir como correcta la actuación de la Administración llevaría a la paradoja de exigir más requisitos (los legales y los añadidos por la Diputación) al funcionario con habilitación nacional que quisiera-optar al puesto vacante, que al interino que ocupase el puesto de manera provisional, el cual ni siquiera tendría que ser un funcionario con habilitación nacional. El resultado podría dar lugar a la existencia de unos puestos que dificilmente se llegarían a cubrir con un habilitado nacional y a una suerte de interinos estables, quizá en connivencia con la Administración que los ha nombrado. Y sin que a ello se pueda oponer, corno pretende la Diputación Provincial de Albacete en el escrito por el que contestó al planteamiento de tesis por parte de la Sala, que otras Administraciones Locales están haciendo lo mismo.

No cabe que en una RPT (o en las bases de la convocatoria) cuando de lo que se trata es de un puesto con habilitación de carácter nacional, se pueden recoger o introducir exigencias más allá de las generales de la ley (salvo lo dispuesto en el caso de comunidades con lengua autonómica cooficial, que no es el caso en Castilla-La Mancha, por ser ésta región monolingüe). Es definitiva, basta pues con el requisito de ostentar la titulación funcionarial específica para poder ocupar el puesto conforme a su clasificación. Otra cosa entraría en contradicción con los derechos reconocidos al funcionario una vez obtenida la habilitación nacional en virtud del correspondiente nombramiento estatal.

QUINTO.- Resulta necesario partir de lo establecido en la LBRL (Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local), cuyo artículo 98.2 señala que: "Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número anterior ingresarán en la Función Pública Local y estarán legitimados para participar en los concursos de méritos convocados para la provisión de las plazas o puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de cada Entidad Local".

Señala la Diputación Provincial la expresa derogación del artículo 98.2 de la LBRL (Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local). Ello es cierto, pero se trata de una verdad a medias. No desconoce la Sala el hecho de que los artículos 98 y 99 de-la-LBRL -(Ley -7/1985,, -de_2_de_abril, de B as es_de_Régimen_Locall han sido_objeto _ _ derogación expresa por el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/2007, de 12 de abril). También han sido derogados los arts. 158 a 166 del TRRL (Real Decreto Legislativo 781/1986; de 18 de abril,- Texto Refundido de las disposiciones legales• vigentes en materia de Régimen Local), y hay que entender que queda sustancialmente afectado también el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, regulador del Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Pero esta derogación no puede fundamentar —como pretende la Diputación Provincial de Albacete en su escrito de 5 de marzo de 2010- la desestimación del recurso del Sr. Sanjuán Armuña. Y ello por una razón obvia de aplicación de las normas "ratione temporis". Estamos ante una petición que el Sr. Sanjuán Armuña realizó antes de la entrada en vigor del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/2007, de 12 de abril), por lo que no resultan de aplicación las modificaciones introducidas por el nuevo estatuto en 2007.

El art. 98 de la LBRL (Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local) zanja a las claras la competencia estatal, normativa y de ejecución, en orden a la selección, formación y habilitación de los funcionarios locales con habilitación nacional.

Corno vemos, con el propio nombramiento se está legitimado "para participar en los concursos de méritos" convocados para la provisión de las plazas o puestos de trabajo reservados. Esto, a primera vista, podría interpretarse en el sentido de que no habilita la titulación par optar a puestos convocados por otros sistemas distintos al concurso, pero la redacción de este precepto data de 1985, cuando sólo cabía el concurso como sistema de provisión, por lo que no cabe extraer la consecuencia de que la titulación sólo abre la posibilidad de obtener puestos por el sistema de concurso. En definitiva, las bases no deben establecer otros requisitos para participar que los estrictamente legales y reglamentarios que resulten necesarios para el acceso a la función pública (conocimiento de la lengua autonómica cooficial, no estar inhabilitado o suspendido, no llevar menos de dos años en la situación de excedencia prevista en los apartados c) y d) del art. 29.3 de la Ley 36/1984, de 2 -de agosto), sin que pueda la Administración añadir otros requisitos, por falta de cobertura normativa, como tener una determinada antigüedad, ostentar un determinado grado consolidado, etc. Los requisitos añadidos por la Diputación Provincial de Albacete son criterios que, en su caso, podrán modular la selección, sea en concurso sea en-libre –designación respecto de -la -persona-más idónea-objetivamente-para-ocupar--el-.---¬puesto reservado al habilitado. Pero no se pueden utilizar como requisito añadidos a los que ya ha establecido el propio legislador.

Por ello en el caso que nos ocupa la RPT de la Diputación Provincial de Albacete es una norma contraria a la ley porque impide el acceso del apelante al puesto solicitado. El propio juzgador de instancia pudo inaplicar directamente la PRT de la Diputación Provincial de Albacete en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPJ de 1985. No obstante, esta Sala posee competencia para declarar la ilegalidad de una norma reglamentaria en virtud de lo dispuesto en el articulo 27.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por esta razón se planteó con carácter previo a la sentencia esta tesis a las partes presentes en este recurso de conformidad con el artículo 33.1 de la LJCA; máxime cuando el ahora apelante ya combatió la legalidad de la RPT. Por ello se impone la declaración expresa de la ilegalidad, y en su consecuencia, la anulación, de las previsiones contenidas en el Apartado III ("modificación de las normas de catalogación") de la RPT de la Diputación Provincial de Albacete (publicada en el BOP de 4 de marzo de 2005) respecto a los puestos de Secretario, Interventor y Tesorero.

SEXTO.- Sobre el asunto que nos ocupa existen también varios pronunciamientos jurisprudenciales. La Sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana de 14 de febrero de 2000 (recurso 5/2000) anuló una Resolución Municipal del Ayuntamiento de Elche en la que se dejaba desierta una convocatoria pese a existir un candidato, señalando que la convocatoria no puede recoger la exigencia de nuevos requisitos más allá de la titulación correspondiente,

En términos similares, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7, Sentencia de 28 May. 2007 (recurso 28312004; Ponente: Murillo de la Cueva), en la cual se señala (F.J. 40): "En realidad, lo que aducen la demanda y el escrito de conclusiones es la posibilidad de que el sistema de -nombramientos provisionales, tal como ha quedado' definido con la reforma del artículo. 30.1 de Real Decreto 1732/1994 operada por el artículo 11 del Real Decreto 834/2003, sea objeto de una utilización desviada pero esa circunstancia, posible con cualquier norma y que puede ser combatida de producirse, no convierte en contraria a la —Constitución -la- , regulación _impugnada._ Tiene .razón el Abogado del Estado cuando recuerda la preferencia de los funcionarios provisionales sobre los interinos. Preferencia que, con carácter general, deriva de los rasgos que distinguen la situación del interino, tal como se plasman en el artículo 5 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y ahora en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Preferencia expresada, a propósito de la Administración Local y en relación con los nombramientos provisionales, por el citado artículo 64.1 de la Ley 4/1994. Desde luego, nada cambia lo anterior la circunstancia de que el interino, cuyo cese automático se produce como consecuencia de un nombramiento provisional hubiere accedido al puesto de trabajo en virtud de un concurso o de la realización de alguna prueba, como afirma el Sr. Carlos Daniel que sucedió en su caso. De nuevo hay que coincidir con el Abogado del Estado cuando subraya que el interino no tiene derecho a permanecer con carácter definitivo en el puesto para el que haya sido nombrado. Y, también, en que el artículo cuestionado no infringe el principio de igualdad ya que no se encuentra en las mismas condiciones el funcionario con habilitación de carácter nacional que un interino.

Por lo demás, está claro que el precepto controvertido se aplicará en todos los casos en que se produzca el supuesto de hecho en él contemplado con independencia del momento en que el interino cuyo cese automático producirá el nombramiento provisional hubiere ocupado el puesto de trabajo. Esto no supone ninguno retroactividad, sino simple aplicación de la norma a situaciones presentes o futuras pues no de otra manera puede calificarse al nombramiento provisional de un funcionario con habilitación de carácter nacional efectuado por la Comunidad Autónoma a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 834/2003".

SÉPTIMO.- Por último, y respecto del reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento. de la misma, los daños y perjuicios solicitados hay que limitarlos a las retribuciones que el Sr. Sanjuán Armuña dejó de percibir para el puesto en que debió ser nombrado (Interventor o subsidiariamente Tesorero) pero únicamente en la diferencia que pueda existir con las retribuciones que haya percibido en el puesto o puestos que haya ocupado, y que se determinará en ejecución de _sentencia..
OCTAVO.- Las consideraciones que preceden conducen a la estimación integra del recurso de apelación interpuesto por el actor en primera instancia, con desestimación de las adhesiones y oposición realizadas por las Administraciones Provincial y Autonómica, y consiguientemente a la revocación de la sentencia apelada y a la consiguiente estimación del recuso interpuesto en la primera Instancia contencioso- administrativa. Y ello con expresa declaración de nulidad de la RPT de la Diputación Provincial de Albacete, en los términos señalados; sin que proceda reali7nr expresa imposición de costas a ninguna de las partes, al haber todas ellas formulado recurso de apelación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FALLAMOS: Que, congruentemente con lo argumentado:


1°) Debemos proceder a la ESTIMACIÓN del Recurso de apelación interpuesto por D. GABRIEL SANJUÁN ARMUÑA contra la Sentencia n° 90/08, de fecha 2 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado n° 88/07 seguido ante dicho Juzgado, y en consecuencia, la revocación de dicha sentencia.

2°) Como consecuencia del anterior pronunciamiento, ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo formulado por el Sr. Sanjuán Armuña en la primera instancia contencioso-administrativa, y anulamos por contrario a Derecho el acto administrativo impugnado entonces. En concreto, la Resolución expresa de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 12 de abril de 2007 por la que se denegó a D. Gabriel Sanjuán Armulla el nombramiento solicitado.

3°) Como consecuencia del anterior pronunciamiento, reconocemos el derecho de D. GABRIEL SANJUÁN ARMUÑA a ser nombrado provisionalmente Interventor de fondos o, subsidiariamente, Tesorero de la EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE.

4°) Condenamos a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA a_proceder al-nombramiento -de-D.-G-ABRIEL-SANJUÁN-ARMUSTA-como - — Interventor de fondos o, subsidiariamente, Tesorero de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete.

5°) Declararnos haber lugar a la indemnización de. dallas y perjuicios solicitada por el apelante, que vendrá determinada por la diferencia entre las retribuciones que dejó de percibir para el puesto en que debió ser nombrado (Interventor o subsidiariamente Tesorero) - y las retribuciones que haya percibido en el puesto o puestos qué haya ocupado, cuya cuantía concreta se determinará en ejecución de sentencia.

6°) Declaramos la ilegalidad y en consecuencia ANULAMOS, las previsiones contenidas en el Apartado ITI ("modificación de las normas de catalogación") de la RPT de la Diputación Provincial de Albacete (publicada en el BOP de 4 de marzo de 2005) respecto a los puestos de Interventor y Tesorero.

7°) No procede realizar expresa condena en costas.


Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará certificación literal a los autos originales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Ma A. Magan Perales, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en Albacete, a dieciocho de marzo de dos mil diez.

_________________
Pablo Soto Mirones.
Ex-Administrador del Foro y ex-Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cantabria
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Re: Sentencia Interventor Diputacion de Albacete. hace 4 años 4 meses #75

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Javier Burgués
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Publicado: Mie May 05, 2010 9:54 am Asunto:


Muy buena sentencia, Pablo. Muchas gracias por incorporarla al foro.
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Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Liérganes
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